COMENTARIOS RD 15/2020, CORONAVIRUS

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COMENTARIOS AL RDL 15/2020, DE 21.04.2015
(BOE 22.04.2020)
I. Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos
A decir de la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, ante la situación ocasionada por el COVID-19, procede prever
una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic stantibus», de elaboración jurisprudencial,
que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos
exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación
debida y buena fe contractual.
1.- Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores
La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de
vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos para poder acceder a esta medida,
podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de
vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de
10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500
m2, en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria en el pago
de la renta del alquiler, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera
alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.
La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y afectará al
periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes,
prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el
COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los 4 meses.
Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad
de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de 2 años, que se
contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la
finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del
contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
2.- Arrendamientos para uso distinto de vivienda con arrendador persona física
La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de
vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de
industria, cuyo arrendador no sea una empresa o entidad pública o gran tenedor, y cumpla los
requisitos necesarios, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de 1 mes, desde la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de
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la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas
partes con carácter voluntario.
Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán
disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que
podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia.
En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el
importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo
que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.
¿Requisitos?
Los autónomos y pymes arrendatarios tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
3.- Contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por el autónomo:
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma
mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia
de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la
reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en,
al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al
que pertenece dicho mes referido al año anterior.
4.- Contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica
desarrollada por una pyme:
a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, a cuyo tenor:
Artículo 257. Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados.
“1. Podrán formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados las
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno
de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: a) Que el total de las partidas del
activo no supere los cuatro millones de euros. b) Que el importe neto de su cifra anual de
negocios no supere los ocho millones de euros. c) Que el número medio de trabajadores
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empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. Las sociedades perderán esta
facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a
que se refiere el párrafo anterior”.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad
competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de
su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un
75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece
dicho mes referido al año anterior.
Acreditación de los requisitos
El arrendatario deberá presentar al arrendador la siguiente documentación:
a). La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una
declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se
haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación
con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando
el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al
arrendador para acreditar la reducción de la actividad.
COMENTARIO: Entendemos que los libros a presentar no serán, en ningún caso, los oficiales, y se
podrá acreditar la reducción de la actividad por cualquier otro medio admisible en derecho. Por
ejemplo, con la autoliquidación/es del IVA relativa/s a los primeros tres meses o a la trimestral del
primer trimestre.
b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la
base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
COMENTARIO: Al igual que el comentario anterior, vemos inviable la expedición de certificado
expedido por la AEAT, así como por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, dado que, en
la práctica, no se producirá la baja censal de la actividad. Entendemos que se podrá acreditar la
suspensión de la actividad por cualquier otro medio admisible en Derecho. Por ejemplo, la solicitud de
la prestación por cese de actividad cuya gestión ha sido encomendada a las Mutuas de Accidentes.
Por último, se prevé que, si algún arrendatario se beneficia de estas medidas sin haber cumplido con
los requisitos previstos, serán responsables de los daños y perjuicios causados y de todos los gastos
que se hayan generado, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los
mismos pudiera dar lugar.
Estas medidas entrarán en vigor el 23 de abril de 2020.
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II. Medidas para reforzar la financiación empresarial
Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE), M.P. bajo la modalidad de préstamo.
1.- La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE), atendiendo a la
situación económico-financiera de aquellos beneficiarios de sus programas de subvenciones o ayudas
reembolsables formalizadas bajo la modalidad de préstamos, excluidas administraciones y entidades
públicas tanto del sector público estatal como autonómico y local, así como sus organismos y
entidades públicas vinculadas o dependientes, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 les
haya originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que les
impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del otorgamiento de las mismas,
podrá acordar, previa solicitud y declaración responsable justificativa, según las condiciones que se
establecen en el siguiente apartado, la concesión de aplazamientos de las cuotas de los préstamos
suscritos, siempre que dichos prestatarios no se encontrasen en situación concursal y estuvieran al
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a la Hacienda pública y con la Seguridad
Social, todo ello al momento de formular su correspondiente solicitud de aplazamiento, y, asimismo,
siempre que estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos
concertados a la entrada en vigor del estado de alarma.
Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas que se hallen pendientes de pago y cuyo vencimiento se
haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 (todos inclusive).
Este aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas, salvo solicitud expresa
en contrario por parte del interesado, hasta transcurridos dos meses después de la finalización del
estado de alarma. Las cuotas aplazadas deberán ser abonadas antes del fin del período de vigencia del
respectivo préstamo, y no podrán entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses
ordinarios.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, las condiciones que deberán cumplirse para la concesión de los
aplazamientos regulados por este artículo serán las siguientes:
a) Las cuotas objeto de aplazamiento no habrán sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento
anterior ni reclamadas judicial o extrajudicialmente por el IDAE.
b) Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa comunitaria en
materia de ayudas de Estado.
c) El interesado habrá formulado declaración responsable donde conste, al momento de solicitar el
correspondiente aplazamiento, que se encuentra en una situación económica desfavorable como
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que le ha
originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que le
impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de reembolso derivadas del correspondiente
préstamo concertado con IDAE, incluyendo no encontrarse en situación concursal.
3.- El procedimiento para la concesión de estos aplazamientos será el que tenga establecido el Consejo
de Administración del IDAE para la concesión de aplazamientos de sus préstamos sujetos a derecho
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privado, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 15 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las condiciones establecidas en el presente
artículo.
4.- La aportación de datos falsos o sesgados por parte de los interesados, que hayan servido de
fundamento para la concesión del aplazamiento, determinará el vencimiento anticipado de la totalidad
del préstamo, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables.